Las protestas comenzaron a principios de esta semana en la Ciudad de Buenos Aires y se extendieron a partidos del Gran Buenos Aires en las últimas horas. Miembros del Congreso de la Nación Argentina ya están realizando acciones concretas.

Ayer por la noche se volvieron a escuchar cacerolazos en distintos puntos del país para reclamar que políticos e integrantes del Poder Judicial se bajen los sueldos y ayuden a amortiguar la crisis económica que profundizó la pandemia. El ruidazo se sintió nuevamente en los barrios porteños de Belgrano, Palermo, Villa Urquiza, Villa Crespo pero sumó a localidades bonaerenses como Quilmes, entre otras.

Sin embargo, y al respecto de esto, en algunos barrios se registraron cruces entre vecinos que no están de acuerdo con el reclamo que tomo fuerza a partir de las medidas de emergencia que se dispusieron para superar la recesión y encarar las negociaciones con los acreedores privados para evitar un default.

Y el reclamo se tornó más fuerte en los últimos días, debido a la parálisis económica por la cuarentena general que se estableció contra el coronavirus y que se extenderá hasta el 13 de abril y a los cruces entre el presidente Fernández y el sector empresarial ya que el jefe de estado lo asoció con la «Argentina miserable».

El congreso en acción

Senadores nacionales del Frente de Todos se sumaron este miércoles a la propuesta de donar parte de sus dietas para atender los efectos de la pandemia del coronavirus y atenuar las consecuencias económicas del aislamiento social. El viernes, el interbloque de senadores de Cambiemos que conduce Luis Naidenoff adoptó una medida similar.

En el mismo sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció que definirá en los próximos días junto a los jefes de los diferentes bloques parlamentarios una serie de medidas para reducir gastos en la cámara baja, que incluiría la rebaja de los salarios de legisladores del 40 por ciento para destinarlos a instituciones de salud.

Según fuentes cercanas a la presidencia de la cámara baja, la medida significaría unos 200 millones de pesos de ahorro en cinco meses, que serían transferidos a instituciones de salud, dedicadas a la atención de los afectados por la pandemia de coronavirus.