Por Eduardo Néstor Balian
En una llamativa medida tomada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la titular de la cartera, Sabrina Frederic, dijo que “el que se fue a la costa no va a poder volver. Se va a tener que quedar donde estaba el viernes, cuando se salió el decreto. Las personas están obligadas a cumplir con el decreto y el decreto dice que deben permanecer en el lugar”
Esto suena a tiempos pasados, cuando la dictadura se manejaba a su antojo e irrespeto por los derechos humanos, entre ellos, la libertad ambulatoria y el principio de división de poderes, mediante el cual sólo los jueces naturales pueden ordenar la detención de las personas, no el poder ejecutivo al que pertenece la antropóloga Frederic.
Según se informa, para hacer cumplir esta directiva de la funcionaria efectivos de las fuerzas federales ubicarán retenes en distintos puntos de la ruta 2 y de las otras vías de acceso a la ciudad de Buenos Aires, mientras que la policía bonaerense se encargará de custodiar las rutas de salida de las ciudades balnearias. En total habrá más de 30 retenes destinados a evitar la circulación de vehículos desde la costa.
La ministra dijo que quienes intenten volver a sus casas pueden resultar detenidos, agregando que “depende las distancias y de las circunstancias. A algunos se les indicará que deben volver y otros quizás queden detenidos, según como reaccionen” y cerró con la amenaza: “Estamos reforzando mucho los controles y la gente a la que se encuentre en esta situación deberá volver al donde de donde vino”. Inconstitucional.
Sin poner en cuestión la oportunidad y eficacia de las medidas de protección sanitaria tomadas por el Gobierno Nacional que impuso la necesidad de que cada uno permanezca en su lugar, el anuncio de la ministra puede ser severamente objetable.
No está decretado el Estado de Sitio, mediante el cual se suspendería la Garantía Constitucional de libre circulación de los habitantes, ni de conceder, por esa misma vía al Poder Ejecutivo, la facultad -que no tiene- , de disponer la privación de la libertad de personas sin intervención judicial. Ello es facultad privativa de los jueces naturales.
Frederic, anticipándose a dar un manto de legalidad, dijo que no descartaba que se decrete el Estado de Sitio, pero el Sr Presidente de la Nación rápidamente desmintió a su ministra expresando que trataría de evitarlo. No es bueno para la salud de la democracia recurrir a esas excepciones medidas que quiebran las garantías constitucionales otorgando al Poder Ejecutivo facultades judiciales.
Estamos en un Estado de Derecho, y ello significa que nadie puede ser privado de la libertad sin orden judicial, ni tampoco de su libertad ambulatoria dentro del país. Para impedirlo debe decretarse la suspensión de las garantías constitucionales, lo que dijo el Dr. Alberto Fernandez no iba a hacer. Pero las medidas que anuncia la antropóloga Frederic tienen color a Estado de Sitio.
Por otro lado, cabe cuestionar la falta de previsión del Ministerio de Seguridad, puesto que si se va a impedir que regrese la gente a la que se le permitió ir a la costa o a otros lugares, me pregunto por qué razón no se tomaron medidas para que no pueden egresar del lugar de residencia permanente, o advertirles que asumían, libremente, el riesgo de no poder regresar. Cómo se han dado las cosas, podemos decir, que por lo menos, se han cambiado las reglas del juego. Me dejan salir pero no me dejan volver.
¿No era más fácil impedir el acceso de personas a las ciudades balnearias o a otros destinos turísticos en vez de decidir ahora dejarlos varados allí, con el consiguiente e innecesario despliegue de fuerzas militares?
