Así lo sostuvo la Cámara II en lo Civil y Comercial de La Plata, que se expidió sobre el caso de una docente jubilada que fue engañada por ciberdelincuentes. Ingresaron a su home banking, le vaciaron la caja de ahorro y sacaron un préstamo por $260 mil
Una docente jubilada de 65 años, oriunda de Quilmes, obtuvo un fallo sin precedentes en materia de phishing durante un juicio que está llevando a cabo contra el Banco Provincia. La justicia entendió que aunque ella brindó voluntariamente sus claves bancarias a los ciberdelincuentes -mediante de un engaño- eso no exime a la entidad en cuanto a su responsabilidad en la falta de actualización de las medidas de seguridad para evitar el delito.
El calvario de esta mujer empezó en agosto de 2020 cuando recibió un llamado telefónico de un supuesto empleado del Banco Provincia que la convenció para que le brindara su usuario y contraseña de homebanking, con la excusa de que debía actualizar las claves.
Días después, la señora constató que le habían desaparecido unos $9 mil pesos que le habían depositado en concepto de un adelanto de haberes y que habían solicitado un préstamo a su nombre por $264 mil. Ese monto tampoco estaba disponible ya que había sido transferido a cuatro cuentas -desconocidas por ella- de dos bancos sin su consentimiento.
Ante esta situación, la jubilada presentó la denuncia penal correspondiente y le solicitó al banco que dejara de cobrar las cuotas del préstamo que habían solicitado los ciberdelincuentes; obteniendo una respuesta negativa por parte del Provincia.
Casi dos años después, el Juzgado en lo Civil y Comercial Número 16 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la defensa de la damnificada para que el banco se abstenga del cobro hasta que no haya una sentencia de fondo.
La entidad bancaria apeló la medida ante la Cámara II en lo Civil y Comercial de La Plata. Argumentó que la “culpa o la torpeza” fue de su clienta al haber brindado de manera voluntaria las claves de su homebanking y que de ninguna manera incumplió la normativa y las exigencias del Banco Central en materia de seguridad informática. Incluso, dijo que había llevado adelante numerosas campañas de marketing para alertar a sus clientes sobre el phishing.
Los magistrados entendieron que “los argumentos brindados por el banco no resultan suficientes” y aseguraron que “parecería que las medidas bancarias vigentes se tornan obsoletas e insuficientes”. Además, le pidieron al Banco Provincia que encuentre “nuevas medidas de seguridad complementarias y superadoras de las vigentes”.
“Esto lleva a concluir que la palabra ‘seguridad electrónica bancaria’ es absoluta desconocida por el Banco Provincia ya que aprobó el crédito sin validar la identidad de la persona que lo solicitaba”, remarcó el abogado de la jubilada
