Los jueces de Faltas de Quilmes realizaron una presentación ante el Juzgado Contencioso Administrativo local al cual recurrieron para que se anule la ordenanza aprobada el 23 de septiembre por el Concejo Deliberante y promulgada de hecho, mediante la cual se pretende cambiar el sistema de funcionamiento de los juzgados y les restringe atribuciones. Cuando se aprobó la ordenanza, los tres jueces de faltas municipales, le enviaron una carta a la intendenta Mayra Mendoza donde le solicitaron que vete la ordenanza por considerarla inconstitucional. Allí argumentan que el Concejo Deliberante no tiene atribuciones para cambiar las atribuciones de los jueces de faltas, quienes se rigen por ley provincial.
El 23 de septiembre, con el voto de los concejales del oficialismo y parte de la oposición, el Concejo aprobó el nombramiento de las tres juezas de faltas propuestas por el Ejecutivo y así cubrir los cargos de los tres juzgados nuevos que se habían aprobado durante la gestión del intendente Martiniano Molina.
Pero también aprobó otro proyecto del Ejecutivo, mediante la cual se cambia el sistema de trabajo de los seis juzgados, los tres existentes y los tres nuevos.
Además de dividir el accionar los mismos por zonas, también se los divide por temas, dejando las actas más importantes a tratar en manos de las tres nuevas juezas. Ellas son abogadas y militantes de la estructura política de la intendenta Mayra Mendoza, actuales funcionarias municipales.
De las tres, dos tienen causas penales pendientes con la Justicia. La doctora Anabella Galván, es imputada en la causa por contratación de cooperativas por parte del Municipio durante la presente gestión.
Cuando se aprobó la ordenanza, los tres jueces de faltas municipales, le enviaron una carta a la intendenta Mayra Mendoza donde le solicitaron que vete la ordenanza por considerarla inconstitucional. Allí argumentan que el Concejo Deliberante no tiene atribuciones para cambiar las atribuciones de los jueces de faltas, quienes se rigen por ley provincial.
La intendenta Mayra Mendoza ni ningún funcionario municipal opinaron sobre el tema. La jefa comunal no vetó la ordenanza pero tampoco la promulgó; no le puso su firma. La ordenanza quedó aprobada de hecho pero no entró en vigencia porque el Ejecutivo nunca la publicó en el boletín oficial.
Los tres jueces que rechazan lo aprobado, le enviaron otra misiva a la Intendenta Mayra Mendoza mediante la cual le pidieron que derogue la ordenanza. La Intendenta no lo hizo.
Ahora, mientras los jueces se mantienen en silencio, fuentes judiciales confirmaron que hubo una presentación en el juzgado en lo Contencioso administrativo, donde los doctores Adrián Rodríguez, Jorge Briasco y Carlos Fariña, solicitan que se intervenga y se expida sobre la validez o no de la ordenanza. Con argumentos jurídicos y jurisprudencia que presentan, están pidiendo la nulidad de la ordenanza y que hasta tanto no se trate el tema de fondo, no se permita el nuevo sistema de trabajo que estipula la ordenanza.
