La magistratura de la Dra. Ana María Figueroa ha sido objeto de controversia debido a acusaciones de falta de ecuanimidad en sus fallos. Por segunda vez, la presidenta del Senado y Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no logró mantener en el cargo a la jueza Figueroa, quien deberá jubilarse al cumplir 75 años el próximo 9 de agosto. La única posibilidad para que continúe en el Tribunal Federal de Casación, máxima instancia penal, sería si obtiene otro acuerdo del Senado que le permita seguir por cinco años más.
Las críticas apuntan a la dependencia política del voto de los jueces en lugar de aplicar el derecho de forma imparcial en sus sentencias. Se cree que la Sra. Cristina Fernández de Kirchner busca mantener a Figueroa en su cargo para contar con un voto a favor en las causas por corrupción que se le siguen, lo que sus detractores consideran inmoral.
La presunta vinculación entre la jueza Figueroa y la expresidente ha generado preocupación sobre la imparcialidad de sus fallos. Se argumenta que un juez debe actuar de forma objetiva y justa, sin influencias políticas que comprometan su capacidad para impartir justicia de manera ecuánime. La dependencia política de un voto judicial plantea interrogantes sobre la integridad y la independencia del poder judicial.
La posibilidad de que la Dra. Figueroa continúe en su magistratura ha suscitado debates y críticas en la opinión pública, donde algunos sectores exigen que los jueces sean designados y actúen sin presiones políticas. La transparencia y la imparcialidad son fundamentales para garantizar la confianza en el sistema judicial y asegurar que las decisiones se tomen en función de la ley y no de intereses partidistas.
Ante esta situación, el proceso de confirmación de la magistratura de la Dra. Figueroa estará bajo la lupa de la opinión pública y de diversos actores políticos y sociales que buscarán asegurar la independencia del poder judicial y la integridad en el ejercicio de la justicia. La ecuanimidad y la imparcialidad son principios fundamentales para la credibilidad y legitimidad de un sistema judicial democrático.
