La Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA) publicó un comunicado el martes pasado en el que se refirió al proyecto que busca anular prisiones preventivas si los casos son publicados por medios de comunicación y expresó su preocupación por el mismo.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA) publicó un comunicado el martes pasado en el que expresó su preocupación por el proyecto legislativo presentado por las senadoras María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Pilatti Vergara que pretende limitar las prisiones preventivas en caso de que «la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución», entre otros casos.
En los fundamentos del proyecto, que puede consultarse en la página web del Senado de Argentina bajo el número de expediente 3435/19, se afirma que «se destaca que durante los años 2016, 2017 y 2018 se acentuó la persecución penal y contravencional de organizaciones, militantes y activistas por hechos o situaciones relacionados con el ejercicio de derechos humanos. Es debido a ello, y a los fines de garantizar el principio del debido proceso y defensa en juicio, es que se estima que se recepte en forma expresa en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de solicitar la nulidad de cualquier medida preventiva e inclusive procesamiento en caso de que intervengan distintas situaciones, que, en los hechos, genere una vulneración del derecho de defensa del acusado».
En su comunicado, ADEPA expresó que «pretender que una investigación periodística sobre corrupción, una de las funciones de la prensa libre, constituya per se un atenuante en la situación procesal de un denunciado, roza el disparate y busca, una vez más, confundir intencionadamente los roles que periodismo y justicia tienen en democracia».
Finalmente, afirmó que «cuestionar y debilitar, genéricamente y nada menos que por ley, la función del periodismo de investigación, busca desincentivar la labor periodística, reducir los niveles de transparencia y, en definitiva, favorecer la impunidad».
