El gobierno de la provincia de Buenos Aires envió a la legislatura bonaerense un proyecto de Ley por el cual se expropian y declaran de utilidad pública dos predios ubicados en la ribera de Quilmes para construir establecimientos penitenciarios o alcaldías.
La medida generó mucha polémica y rechazo en los vecinos de la zona.
El proyecto busca principalmente descomprimir el hacinamiento carcelario.
En los últimos años se han realizado obras de ampliación y/o mejoramiento de establecimientos existentes para generar 2.050 nuevas plazas de alojamiento, aunque ello “no logró dar respuesta a la sobrepoblación, ni solucionó el déficit estructural carcelario”, se lee en el documento presentado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak El Servicio Penitenciario Bonaerense afronta la sobrepoblación más alta de su historia, cuyo registro se ubica por encima del 100%, de acuerdo a la capacidad de alojamiento de las 58 Unidades Penitenciarias y 10 Alcaidías Departamentales existentes», continúa.
El proyecto de ley provocó el rechazo de la mayoría de los vecinos de la zona ribereña, que sostienen que no quieren cárceles en una zona poblada. «Queremos familias, no delincuentes» figura en una de las pancartas publicadas en las redes sociales.
En tanto, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza se refirió al mismo tema y se pronunció a favor de la iniciativa. «La construcción de distintas alcaidías en la provincia terminará con la situación de hacinamiento que viven algunos detenidos en las comisarías, hay una necesidad de poder contar con más espacio para esas personas»
