Fiscales, activistas y expertos internacionales se reunieron para discutir cómo avanzar en los expedientes judiciales relacionados con la corrupción venezolana que involucra a ex funcionarios del chavismo.
La problemática de la corrupción venezolana se ha extendido a nivel global, con investigaciones en curso en 28 países que exploran irregularidades entre funcionarios, empresarios o ciudadanos y el gobierno de Venezuela. Estas relaciones pueden ser de naturaleza comercial o pueden estar relacionadas con el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas, que finalmente se invierte en propiedades y vehículos de lujo en países como Argentina, Estados Unidos o España.
Este fenómeno, descrito por expertos como una «gran corrupción» venezolana, se produce cuando un grupo de personas se apropia del Estado para defraudarlo, y en este caso, se estima que involucra cerca de 70.000 millones de dólares. El encuentro «Los desafíos que plantea el caso de Venezuela» fue organizado por la ONG Transparencia Venezuela en Buenos Aires.
Uno de los temas clave de discusión fue la aparición de una decena de causas judiciales en los tribunales de Buenos Aires relacionadas con el fideicomiso entre Argentina y Venezuela, que dominó las relaciones comerciales entre ambos países durante una década. El bloqueo de las autoridades venezolanas a la cooperación para avanzar en los expedientes judiciales que tienen lugar en Argentina fue uno de los desafíos planteados en el debate. La falta de respuesta a las solicitudes de la justicia argentina por parte del gobierno venezolano obstaculiza el progreso de las causas.
Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, señaló que han identificado 18 causas judiciales en Argentina que involucran un total de USD 1.600 millones relacionados con dinero público venezolano. La mayoría de estas causas se centran en actos de corrupción vinculados al fideicomiso bilateral que operó entre 2004 y 2016, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. De Freitas instó a las autoridades a no cerrar las causas y a aumentar la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción.
Laura Roteta, titular de la fiscalía antilavado, destacó la importancia de la cooperación internacional para investigar la criminalidad económica compleja. Resaltó que es esencial para la obtención de pruebas, la incautación de bienes y el intercambio de información en casos de corrupción económica. La falta de colaboración internacional ha sido un obstáculo para las investigaciones en Argentina.
José Ugaz, ex fiscal de Perú, fue crítico con el exceso de formalismo en los mecanismos de cooperación internacional y la falta de pragmatismo, lo que ralentiza los procesos judiciales en casos de corrupción.
Mercedes De Freitas también destacó cómo la corrupción afecta la calidad de vida de los venezolanos, especialmente en áreas críticas como la alimentación y la atención médica. Señaló casos de víctimas que perdieron la vida debido a la falta de ascensores en centros de salud, y subrayó que la corrupción tiene un impacto directo en la vida de las personas.
