El Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Nicolás Posse, ha anunciado la suspensión por un año de todas las campañas institucionales de publicidad y comunicación con carácter oneroso realizadas por la administración central. La medida, establecida a través del Decreto 89/2023 y publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo «profundizar los criterios de austeridad y eficiencia en el uso de los escasos recursos públicos existentes».
La resolución destaca que la autoridad de aplicación podrá prorrogar la suspensión por acto debidamente fundado, siempre que las circunstancias lo hagan oportuno. Se exceptúan de esta medida las campañas de publicidad oficial cuya obligatoriedad surja de la normativa vigente y aquellas derivadas de casos de fuerza mayor o necesidades comunicacionales puntuales debidamente justificadas.
La Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación está instruida para dictar o modificar las normas necesarias para la implementación de este decreto.
En los fundamentos de la norma, se argumenta que, a pesar de las obligaciones del Estado Nacional en cuanto a la difusión de actos de gobierno y comunicación a los ciudadanos, la actual coyuntura aconseja la suspensión de campañas no esenciales para adecuar estructuras, procedimientos y hacer más eficiente el gasto.
«Corresponde discriminar, en lo relativo a la publicidad de los actos de gobierno, a aquellos en los que la misma resulte necesaria, de aquellos en los que puede ser omitida siguiendo criterios de oportunidad y conveniencia», se expone en la resolución.
