En medio de una polarización política intensa, el Gobierno ha dejado en claro su firme determinación de no extender el período de sesiones extraordinarias, manteniendo una postura inflexible para llevar adelante dos medidas cruciales: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía y la controvertida ley Ómnibus.
Con un enfoque de «todo o nada», el Ejecutivo ha señalado su disposición a emplear «otras herramientas constitucionales» si no logra el respaldo necesario en el Congreso para impulsar sus iniciativas. Esta estrategia incluye el uso del postergado proyecto para revertir la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias como moneda de cambio para presionar a las provincias y legisladores.
La fecha límite del 31 de enero para las sesiones extraordinarias ha sido fijada estratégicamente para evitar prolongar el debate, subrayando la urgencia del momento y la necesidad de actuar rápidamente, bajo el argumento de una situación de emergencia. El Gobierno ha expresado su determinación de no ceder terreno, incluso ante estimaciones de legisladores opositores que indican que el debate de estas iniciativas podría extenderse por varios meses.
El Presidente se ha comprometido a dar marcha atrás con el alivio fiscal para 800.000 contribuyentes en favor de revertir el tributo coparticipable, aunque la presentación de este tema en el DNU o el proyecto de ley «Bases para la Libertad» aún no ha sido definida, generando incertidumbre entre los gobernadores.
La estrategia del Gobierno incluye la presión a los senadores y diputados, condicionando la aprobación del DNU y la ley Ómnibus a través del manejo de los tiempos parlamentarios y el uso de Ganancias como instrumento de negociación.
Si bien el Ejecutivo muestra disposición para introducir «modificaciones menores» en ciertos aspectos de los proyectos, los temas centrales como los tributarios, jubilatorios y privatizaciones se consideran no negociables. Se espera que logren acuerdos para la mayoría simple, pero reconocen que temas que requieren mayoría especial, como la ambiciosa reforma política, podrían enfrentar obstáculos.
Las tensiones con los gobernadores del PJ han aflorado, con algunas discrepancias respecto a la apertura económica propuesta por el Gobierno. En el entorno gubernamental, señalan a Kicillof como líder de la postura de rechazo, tildando a ciertos mandatarios de tener posturas «antiguas y retrógradas».
