En las últimas horas, al menos dos periodistas de Quilmes se convirtieron en víctimas de agresiones mientras realizaban coberturas en las cercanías del Congreso de la Nación, donde se desarrolla el debate sobre la controvertida «Ley Ómnibus» en la Cámara de Diputados. Estos incidentes, que destacan la vulnerabilidad de los profesionales de la prensa en el ejercicio de su labor, generan inquietud en el ámbito periodístico y plantean interrogantes sobre la libertad de expresión y el respeto a los medios de comunicación.
El primer episodio tuvo lugar el miércoles 31 de enero, cuando Manu Jove, periodista de la señal TN, cubría la movilización. Ubicado entre la fila de manifestantes y la policía, Jove fue increpado y escupido por uno de los participantes, mientras otro individuo arrojaba líquido desde una botella en su dirección. A pesar de la tensión inicial, la intervención de otros manifestantes evitó que la situación escalara. En redes sociales, Jove recibió la solidaridad del vocero presidencial Manuel Adorni, quien denunció la agresión.
El segundo incidente, de mayor gravedad, ocurrió durante la noche del jueves, cuando Facundo Muñoz, reportero de Cronica TV, fue víctima de la represión policial. En medio de disturbios, Muñoz recibió un impacto de bala de goma en el pie, aunque el calzado amortiguó posibles lesiones. Además, fue alcanzado por gas pimienta en el rostro. Durante días previos, Muñoz sufrió escupidas, agresiones físicas y verbales por parte de manifestantes mientras cubría la extensa sesión en el Congreso.
Estos incidentes reflejan la creciente tensión en torno al tratamiento de la «Ley Ómnibus», una normativa que ha generado controversia y movilizaciones en diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, es esencial destacar que las agresiones a periodistas representan una amenaza directa a la libertad de prensa, un pilar fundamental de la democracia.
En un contexto donde el diálogo y el respeto por la diversidad de opiniones son cruciales, resulta imperativo condenar cualquier acto de violencia que atente contra la libertad de expresión y el derecho a informar. Diversas organizaciones, sindicatos y colegios de periodistas expresaron su repudio ante estos hechos y exigieron garantías para el ejercicio seguro de su labor.
