En una reciente resolución, la Cámara de Casación Federal confirmó que la ex vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, seguirá siendo objeto de investigación en el marco de la causa conocida como la «ruta del dinero K». El rechazo de un planteo presentado por la defensa de Kirchner implica que el juez de primera instancia Sebastián Casanello, junto al fiscal Guillermo Marijuan, mantendrán vigente la investigación por presunto lavado de dinero, en la cual el empresario Lázaro Báez ya fue condenado a diez años de prisión.
La decisión fue tomada por los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, integrantes de la Sala IV de Casación, quienes consideraron «improcedente» el planteo presentado por la ex vicepresidenta contra el fallo de la Cámara Federal. De esta manera, Cristina Kirchner vuelve al centro de la escena en una causa en la que Casanello, en dos ocasiones anteriores, había dictado la falta de mérito, alegando la falta de pruebas suficientes para avanzar en su procesamiento.
La causa en cuestión resultó en condenas durante el juicio, donde Lázaro Báez recibió una sentencia de diez años de prisión, su hijo Martín fue condenado a nueve años, el arrepentido Leonardo Fariña a cinco, y otros empresarios también fueron implicados. A pesar de ello, Cristina Kirchner nunca fue procesada en este caso.
El año pasado, el fiscal Guillermo Marijuan, quien había impulsado la denuncia en varias ocasiones, admitió que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación por lavado de dinero. En su dictamen, mencionó los negocios entre el empresario y la ex vicepresidenta, así como más de 300 comunicaciones entre sus secretarios, pero concluyó que no se había cometido ningún delito que justificara la investigación.
No obstante, la Cámara Federal abrió el camino al hacer lugar a un planteo presentado por una ONG, y con el reciente fallo de la Cámara de Casación Federal, se confirma que la investigación liderada por Marijuan y Casanello continuará su curso. La noticia vuelve a poner a Cristina Kirchner en el foco de la atención judicial en relación con la denominada «ruta del dinero K».
