El Juzgado Federal de Quilmes ordenó allanar la Municipalidad de Avellaneda. El operativo se realizó el viernes pasado, por efectivos del Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Prefectura Naval Argentina.
El objetivo fue buscar documentación que acredite presuntas maniobras ilegales de empleados de la intendencia, a cargo del Ingeniero Jorge Ferraresi, a través de contratos celebrados con Cooperativas de Trabajo que habrían sido utilizados para desviar fondos públicos hacia empresas privadas. La Justicia cree que se organizó una banda que se dedicaba a «malversar fondos sociales del país» y el «instrumento eran cooperativas sociales de Avellaneda».
Según fuentes de la investigación consultadas por el medio Infobae, la defraudación ascendería a 300 millones de pesos y estaría involucrado el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, su par de la Provincia de Buenos Aires y la Federación de Cooperativas de Trabajo Nuevos Aires limitada.
Uno de los favorecidos con la tercerización de los trabajos que deberían haber realizado las cooperativas, pero que terminaban en manos de constructoras privadas, es un ex Vicepresidente del Racing Club de Avellaneda.Las maniobras fueron realizadas entre los años 2013, 2014 y 2015, durante la gestión de Cristina Kirchner y la gobernación de Daniel Scioli.
Por entonces, el Intendente de Avellaneda era el propio Ferraresi, la Ministra nacional, la actual Gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el Ministro bonaerense Eduardo Aparicio. Y con el supuesto objetivo de «promover la inclusión social» se lanzaron programas de trabajo, fomentando la utilización de «Cooperativas de Trabajo» a las cuales se les transferían de manera directa fondos públicos para la realización de obras.
Estos fondos, según consta en la causa del Juez Armella, eran derivados desde el Ministerio de Desarrollo Social a la Provincia de Buenos Aires y estos, a su vez, a la Federación de Cooperativas de Trabajo Nuevos Aires Limitada a la cual se le encargaba la realización de obras. A su vez la Federación de Cooperativas subcontrataba a empresas presuntamente vinculadas a funcionarios –al menos eso es lo que se intenta acreditar- que actuaban como proveedores de materiales y servicios de las obras a construir, la mayoría de ellas destinadas a los sectores más postergados.
Lo que investiga el Juzgado de Quilmes es el desvío de fondos públicos hacia empresas particulares de funcionarios de la administración pública o allegados, que se quedaban con las obras y el dinero bajo la pantalla de las cooperativas. La maniobra involucra a entes públicos, funcionarios, empresas privadas, cooperativas y estudios contables y jurídicos a través de los cuales se habría lavado dinero.
Según pudo saber Infobae, las cooperativas, en muchos casos, se armaban con personas de bajos recursos –como en el caso de la usina de facturas truchas- a las cuales se les otorgaba «un poder amplio de administración» que quedaba en manos de personas ajenas a la cooperativa y que era en realidad quien manejaba los fondos que llegaban a estas.
Esa persona designada –cuyos nombres se preservan para no entorpecer la investigación- era la titular o dueña de la empresa constructora que en realidad realizaría las obras, algo que estaba prohibido por el programa de inclusión ya que la idea –al menos desde lo discursivo- era que vecinos del municipio –en este caso de Avellaneda- trabajen en los proyectos para beneficiar la economía de los barrios.
El explosivo expediente de Armella revela que familiares de las empresas y cooperativas de trabajo estaban nombrados en «los estamentos públicos que le derivaban las obras». La maniobra podría estimarse en cifras millonarias.
En el allanamiento realizado por Prefectura a la intendencia bonaerense, se secuestró abundante documentación que podría certificar lo denunciado en la causa: contratos que firmó la Municipalidad de Avellaneda con cooperativas para realizar obras entre el trienio 2013-2015 a través de uno de los programas más difundidos del ministerio por entonces a cargo de la hermana del ex presidente Néstor Kirchner «Argentina Trabaja» y que terminaron en manos privadas que a su vez estaban emparentadas con funcionarios de ese municipio y a nivel ministerial.
En el expediente consta que una empleada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación –gestión Alicia Kirchner- llamada María del Carmen Santagata, cuyo marido, Luis Buchner, es dueño de la empresa «DAC CONSTRUCCIONES», habría sido favorecido «con obras públicas utilizando la pantalla de las Cooperativas».
Buchner fue Vicepresidente de Racing cuando la institución era liderada por Daniel Lanín, a fines de 1997. El empresario, además, tendría otras sociedades que también habrían recibido contrataciones de obras públicas a través de la irregular subcontratación de las cooperativas de trabajo.
En el mes de octubre pasado, y por esta misma causa, el Departamento Central de Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina ya había realizado 35 allanamientos a cooperativas de trabajo presuntamente involucradas en las maniobras de desvío de fondos públicos en diversas localidades entre las que se encuentran: Quilmes, Avellaneda, Dock Sud, Tres de Febrero, La Matanza, Los Toldos y Labarden en el Partido de General Guido.
