A pesar de haber transcurrido casi dos años desde la sanción de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, también conocida como Ley de Etiquetado Frontal, se observa un avance del 63,3% en los aspectos normativos necesarios para su implementación. Sin embargo, este avance es acompañado por una baja adhesión provincial, ya que solo siete provincias han adherido a esta ley. Esta situación tiene repercusiones directas en la falta de reglamentación de los entornos escolares y en las compras públicas en cada jurisdicción.
Los datos provienen del Mapa Normativo del Etiquetado Frontal en Argentina, una herramienta desarrollada en colaboración entre la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Fundación Sanar. El mapa fue presentado en el 1° Congreso de Políticas Alimentarias en Argentina, que se lleva a cabo en la Ciudad de Buenos Aires entre este miércoles y jueves.
El enfoque principal del congreso es discutir los avances y desafíos relacionados con la ley de Etiquetado Frontal. El evento cuenta con la participación de referentes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la ley en Argentina, representantes de comedores comunitarios, organizaciones socioambientales y referentes de organismos internacionales como Unicef. Además, se incluyen representantes de paìses con leyes de etiquetado frontal como Chile, México, Perú, Uruguay y Colombia.
Según Florencia Guma, co-fundadora de Sanar, “el avance general de las normativas para que pueda implementarse la ley conocida como de Etiquetado Frontal es del 63,3%”. En cuanto a la regulación, Nación ya cuenta con la mayoría de las normas complementarias publicadas, faltando únicamente la creación de un registro nacional de infractores.
La baja adhesión de las provincias a la ley impacta en dos aspectos cruciales: la reglamentación de entornos escolares saludables y las compras públicas. Hasta el momento, solo siete provincias han adherido, de las cuales cuatro han realizado una adhesión simple y tres han mostrado algún avance en los mecanismos de implementación, pero no en los componentes principales de la ley.
Cabe destacar que el objetivo principal de la Ley de Etiquetado Frontal es conseguir la transmisión y consciencia del peligro de los componentes en la mayoría de los alimentos que se comercializan, especialmente en aquellos que son procesados. Lo más preocupante radica en las elecciones de los menores sobre los productos que van a consumir, es por eso que el principal impacto está en los sectores escolares.
Esto significa que, aunque las siete provincias han avanzado, ninguna ha establecido normativas complementarias que garanticen escuelas libres de sellos ni regulaciones detalladas sobre la calidad alimentaria en las compras públicas. Los aspectos relacionados con la publicidad, promoción y patrocinio, así como los puntos de venta y la vía pública, aún no han sido abordados por las provincias.
Si bien aquellos productos que no cumplan con la ley ya llevan los sellos octogonales incluso en provincias no adheridas, la falta de regulación local pone en riesgo la implementación integral de la ley. Los entornos escolares saludables y las compras públicas representan los aspectos más sociales de la ley, especialmente en lo que respecta a la alimentación de niños y personas que utilizan comedores.
El llamado a la ciudadanía para garantizar el cumplimiento de la ley es crucial para que esta normativa, que busca mejorar la alimentación y promover la salud, pueda extenderse y beneficiar a la sociedad en su conjunto. La ley fue sancionada en octubre de 2021, y su reglamentación se publicó en marzo de 2022, siendo un paso importante en la promoción de la alimentación saludable a través del etiquetado frontal de productos con excesos de grasas, azúcares, sodio y calorías.
