Se trata de un comisario que cumplía funciones como jefe de la Policía Local de Berazategui; la semana pasada habían sido apresados dos de sus subalternos en el marco de una investigación del secuestro de un ciudadano peruano al que le exigieron 800.000 pesos a cambio de no armarle una causa
Cuando el personal de la Policía Federal Argentina (PFA) y funcionarios de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense irrumpieron en su oficina con la orden de detención, el comisario los miró y les apuntó con su arma reglamentaria. Después, apoyó la pistola calibre nueve milímetros en su cabeza y disparó. Murió casi en el acto.
El comisario, de 47 años, era el jefe de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Berazategui. Su detención había sido ordenada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano, en el marco de una causa donde se investiga la extorsión que sufrió un ciudadano peruano al que tuvieron cautivo en una dependencia de la policía bonaerense hasta que su familia pagó 800.000 pesos.
La semana pasada habían sido detenidos dos subalternos de Dadín por su presunta responsabilidad en el secuestro del ciudadano peruano, que tenía antecedentes por narcomenudeo.-
“A partir de la información que surgió de las declaraciones indagatorias de los dos oficiales que trabajaban bajo el mando de del comisario y de otras pruebas incorporadas en el expediente, se determinó que el jefe de la UPPL de Berazategui no podía desconocer que la víctima estuvo secuestrada en la dependencia a su cargo”, explicó un detective del caso.
La causa que puso bajo sospecha a uniformados de la policía bonaerense comenzó enero de 2021, cuando la víctima se presentó en el Departamento Antisecuestros de la PFA.
El hombre, que vivía en el barrio porteño de Monserrat, declaró que había sido privado de la libertad en dos oportunidades por personas que se identificaban como policías e ingresaban a su domicilio con supuestas órdenes de allanamiento por infracción a la ley de drogas, para sustraerle distintos elementos, según informó en su momento la agencia de noticias Télam.
La segunda vez, lo llevaron cautivo a una dependencia de la policía bonaerense situada en Berazategui. Los sospechosos se comunicaron con la familia de la víctima y le exigieron 800.000 pesos para liberarlo.
El pago del rescate se habría hecho cerca de una iglesia del barrio de Nueva Pompeya. Tras la denuncia de la víctima, tomó intervención el fiscal Taiano. A la investigación se sumó la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich.
Cuando personal de la PFA y funcionarios de la AGAI del Ministerio de Seguridad bonaerense llegaron a la sede de la jefatura UPPL de Berazategui, avenida Mitre y avenida 14, con la orden de detención el jefe policial los recibió en su oficina.
En principio nada hacía suponer lo que iba a pasar pocos minutos después. “Cuando quisieron proceder con la detención, el oficial sacó su arma reglamentaria y les apuntó a los encargados del operativo. Todo fue muy rápido. En cuestión de segundos, apoyó la pistola en su cabeza y disparó. Murió al instante”, recordó una fuente judicial.
En la investigación que se inició tras el suicidio tomó intervención el juez federal de Quilmes, Luis Armella. “Si bien no hay dudas sobre la mecánica del hecho, se dispusieron medidas de prueba”, explicaron fuentes judiciales.
