La Secretaría de Transporte respondió a los reclamos de las cámaras empresariales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y aprobó, desde este martes, un incremento en las tarifas de colectivos y trenes. Esta medida se lleva a cabo en medio de las negociaciones paritarias y las tensiones entre las empresas de transporte y la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Las cámaras empresariales insistieron en la necesidad de aumentar las tarifas para avanzar en las discusiones salariales del sector y asegurar la continuidad de los servicios. Se argumentó que en el AMBA se mantienen algunas de las tarifas de colectivos «más bajas del país» y que los subsidios, destinados a cubrir la diferencia entre el costo del boleto y los gastos operativos, fueron calculados con precios de insumos correspondientes a septiembre y agosto de 2023.
En respuesta, el Gobierno autorizó el aumento en la tarifa mínima de colectivos, que será de $270 a partir del 6 de febrero. La tarifa social ascenderá a $121,50, mientras que aquellos sin la tarjeta SUBE registrada pagarán $429,30 a partir de abril.
En el caso de los trenes, la tarifa mínima se establece en $130, y la tarifa social será de $58,50. Aquellos sin la tarjeta universal de transporte a su nombre abonarán $260 en abril.
Desde la Secretaría de Transporte, se destacó que la implementación del nuevo cuadro tarifario busca reducir los recursos destinados a subsidios y garantizar atributos sociales para proteger a los sectores vulnerables, al tiempo que se busca disminuir las disparidades entre el AMBA y el interior del país.
Se informó también que el sistema de diferenciación de tarifas para las SUBE nominalizadas entrará en vigencia a partir del 1 de abril. Hasta esa fecha, todas las tarjetas pagarán la misma tarifa, pero posteriormente, las personas sin tarjeta registrada pagarán el valor diferencial.
Es importante recordar que el Gobierno inicialmente planeaba implementar este nuevo cuadro tarifario a partir del 1 de febrero, pero se enfrentó a una cautelar que suspendió la audiencia pública convocada por la Secretaría de Transporte, motivando la apelación presentada por el Gobierno ante la Justicia para revertir la suspensión.
