En una reciente decisión, el Gobierno nacional derogó una normativa vigente desde 2019 que regulaba los aranceles de colegios privados en todos los niveles educativos. Esta medida otorga a los establecimientos de gestión privada la libertad de fijar los valores de sus aranceles mensuales sin límites preestablecidos.
La norma derogada exigía a los colegios privados comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio, quien, tras un análisis, permitía o no los aumentos en base a la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, con el objetivo de salvaguardar los derechos del consumidor en la relación entre las instituciones y los educandos.
Esta liberación de precios en el ámbito educativo genera preocupación, especialmente entre los padres de alumnos que ya fueron inscriptos el año pasado. Con la imposibilidad de buscar otras opciones educativas o trasladarse a la escuela pública, quedan a merced de los posibles aumentos que puedan imponer los colegios.
La medida también surge en un momento crucial, a pocas semanas de que los colegios secundarios inicien procesos de recuperación para los alumnos con materias adeudadas de ciclos anteriores. Además, se da en medio de un debate sobre la posibilidad de arancelar la educación universitaria para extranjeros en Argentina.
Cabe destacar que la política de liberación de precios encuentra paralelos preocupantes en otros sectores, como la medicina prepaga, donde las empresas aplicaron incrementos de hasta un 80% en tan solo dos meses, generando inquietud sobre posibles escenarios similares en el ámbito educativo, que se caracteriza por una mayor atomización.
