En la madrugada del viernes 29 de septiembre, el Senado de la Nación aprobó de manera unánime el proyecto de ley que aborda la atención a mujeres y personas gestantes ante la muerte perinatal. La ley lleva el nombre de Johanna Piferrer, quien fue la impulsora de la iniciativa.
Johanna Piferrer sufrió la trágica pérdida de su bebé, Ciro, mientras cursaba la semana 33 de embarazo en 2014. La dolorosa experiencia de Johanna la llevó a convertirse en una incansable defensora de la necesidad de una ley que protegiera y respaldara a las personas gestantes en situaciones similares.
El principal objetivo de esta nueva normativa nacional es establecer un ambiente de contención y cuidado para las personas gestantes que enfrentan la muerte perinatal. Esto incluye el acompañamiento de especialistas y la facilitación de opciones terapéuticas, así como la simplificación de los trámites en un sistema de salud que hasta el momento carecía de protocolos adecuados para atender estas circunstancias. La ley define la muerte perinatal como aquella que ocurre entre la semana 22 de gestación y hasta siete días después del nacimiento del bebé.
La ley establece la creación de protocolos y programas en hospitales y sanatorios para garantizar la atención integral, tanto en el aspecto físico como en el mental, de las mujeres y personas gestantes que se enfrenten a la pérdida de sus bebés durante la gestación o poco después del nacimiento.
La diputada Mónica Macha, quien presentó el proyecto de Ley, explicó que la iniciativa busca proporcionar un enfoque más humano y empático en términos de salud física y mental en situaciones de muertes neonatales o perinatales. Esto incluye el acompañamiento psicológico y el asesoramiento necesario para que las familias puedan tomar decisiones importantes sobre el proceso de duelo, reconociendo que cada individuo necesita su propio tiempo para enfrentar la pérdida.
Cabe destacar que este proyecto de ley tuvo dos intentos previos fallidos antes de ser aprobado. Fue presentado por primera vez en 2017 por la exdiputada Magdalena Sierra, pero no fue incluido en la agenda parlamentaria y perdió estado parlamentario. Luego, en 2021, fue presentado nuevamente, pero no llegó al recinto para su tratamiento y también perdió estado parlamentario. Sin embargo, finalmente, logró la aprobación unánime en el Senado el pasado 29 de septiembre.
