Por la Dra Paola Mendizabal.
En un fallo sin precedentes en el Tribunal de Trabajo 1 de Quilmes, una prestigiosa Institución de Berazategui, dedicada a la inclusión social y la reinserción laboral de personas con discapacidad mental leve o moderada, fue condenada en una demanda laboral a pagar una cifra millonaria a una trabajadora.
La institución demandada, en un intento por apelar la condena, presentó un Recurso Extraordinario para que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires revisara el caso. Sin embargo, la Dra. Paola Mendizabal, abogada representante de la institución, informó al Tribunal que la institución carecía de liquidez para afrontar el depósito previo exigido por ley para interponer este recurso.
Mendizabal planteó además la inconstitucionalidad de la carga impuesta por el artículo 56 de la ley 11653 y presentó múltiples pruebas para demostrar la situación económica de la institución.
El Tribunal de Trabajo fijó un plazo de tres meses para que la institución presentara la totalidad de la prueba requerida. Tras un minucioso estudio, el tribunal determinó que el monto de la condena era desproporcionado en relación con la capacidad económica de la institución, eximiendo así a la parte demandada del pago total del depósito previo. Esto se consideró como una excepción, ya que se comprobó la imposibilidad de la institución para realizar dicho depósito dentro del plazo establecido por las normas procesales.
El tribunal resolvió la admisibilidad del recurso interpuesto por la institución, declarando también la excepción del pago del depósito previo, basándose en la demostrada falta de capacidad económica de la institución demandada.
Este fallo representa el criterio de justicia por parte del Tribunal, que analizó las pruebas y tomó una decisión excepcional eximiendo a la institución del pago del depósito previo, permitiendo así que el recurso sea considerado para su revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
La Institución, confiada en la justicia, ve en esta decisión un respaldo a su situación económica y una oportunidad para buscar una revisión más equitativa del caso.
