La ley de alquileres ha demostrado ser un obstáculo para quienes necesitan alquilar para cubrir la necesidad de vivienda. No solo perjudicó quienes buscan acceder a una casa, sino también a los propietarios que no aceptan un precio fijo de alquiler por un año cuando en Argentina se vive con la inflación más devoradora del siglo: 550% desde que asumió el gobierno de Frente de Todos, hoy Juntos por la Patria.
Para corregir el absurdo sistema vigente de locaciones, se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto que vendría a cambiar la ley de alquileres que, por tan errónea, produjo el retiro de la oferta de más de 60% de los inmuebles que antes se alquilaban.
Para que sea ley, el proyecto de ley debe tener sanción de la Cámara de Senadores, presidida por la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, quien se opone a abrir el tratamiento de la ley en la agenda parlamentaria si no se trata también la continuidad de la permanencia de la jueza Ana María Figueroa, que debe jubilarse por haber cumplido 75 años en agosto pasado, y quien sin hacer absolutamente nada, se atornilló en su sillón para seguir cobrando $3.700.000 por mes a la espera de que el Senado le renueve su pliego por cinco años más.
La maniobra de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner de no abrir la sesión para tratar el problema de los inquilinos si no se trata y aprueba también la continuidad de la jueza Figueroa constituye una extorsión en contra de la gente trabajadora, perjudicada por la pésima ley que se debe modificar.
¿Y por qué extorsiona así a los inquilinos?
Porque la Dra. Figueroa tiene el “voto cantado” en favor de la procesada Presidenta del Senado, la Sra. de Kirchner, con el fin de beneficiarla en causas de corrupción. La jueza está dispuesta a hacerlo y con más corrupción.
No hay peor corruptela que aquella que pretende imponer la continuidad de una jueza, que sin dignidad ni vergüenza se abroqueló a la espera de la renovación de su pliego con el único fin de “ayudar” la procesada, en un fallo que no será judicial sino político, mientras que miles de familias y niños, siguen sin poder acceder a una vivienda.
¿Por qué? Porque Cristina necesita del voto de esta jueza para no ser condenada, y sabe que de este modo está presionando, a través de los inquilinos, a los representantes de las provincias para que la acompañen en la búsqueda de su impunidad, a cambio de habilitar el tratamiento de la nueva ley de alquileres.
Es una vergüenza que una magistrada judicial se preste a esta maniobra de extorsión a las familias inquilinas.
