Así lo determinaron los investigadores de la Justicia Federal de Quilmes, a partir del análisis de la información recabada hasta ahora. Se sospecha el posible desvío de fondos a ex funcionarios y familiares
La Justicia Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Silvia Cavallo, avanza en la causa de las cooperativas de trabajo contratadas por el Municipio conducido por Mayra Mendoza. Según lo investigado hasta el momento, se desempeñaban como «empresas de un mismo holding» y sus contrataciones no estuvieron «debidamente justificadas ni por las necesidad del trabajo ni por los montos».
En los últimos dos meses se desató una profunda investigación en la Justicia Federal de Quilmes para analizar posibles irregularidades en pagos millonarios a cooperativas que tenían vínculos con ex funcionarios de la intendencia. La situación surgió desde la denuncia pública del sitio El Disenso y, posteriormente, la autodenuncia de Mayra Mendoza a través de un abogado del Municipio. En un marco de fuertes dudas sobre su gestión, la intendenta afirmó que era información falsa y maliciosa.
Sin embargo, desde ese momento la causa avanza y la investigación se desarrolla sobre una importante red de personas. En la búsqueda de encontrar posible delitos de malversación de caudales públicos, además de Mayra Mendoza, cabe destacar que están imputados el ex subsecretario de Hábitat de su gestión, Sebastián Raspa; el también ex funcionario del Municipio de Quilmes Martín Bordalejo; y el empresario local José Alejandro Scozzari.
Causa
En ese sentido, el lavado de dinero, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles en la función pública también forman parte de la causa que toma vuelo en la Justicia Federal. En su momento, Mayra Mendoza rechazó públicamente las denuncias y afirmó que las contrataciones «se hicieron respetando los procedimientos administrativos».
No obstante, fuentes judiciales le dijeron a Infobae que «los expedientes municipales que dan origen a los decretos firmado por Mayra Mendoza son desprolijos en cuanto a necesidades, plazos y montos, y no está debidamente justificado por parte del Municipio el motivo de la contratación de esas cooperativas». De esta manera, la investigación avanza para esclarecer el beneficio de cooperativas vinculadas a Bordalejo.
La denuncia inicial refería a contratos por 535 millones a un grupo de 3 cooperativas relacionadas a su Subsecretario de Hábitat. Allí, se puso el foco en 14 contrataciones y 2 ampliaciones realizadas desde la municipalidad de Quilmes a tres cooperativas que integran la “Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo Ltda“. Se trata de “La Unión de Azul“, “Progreso” y “La Estrella“. Por ello, respecto a los nuevos avances sobre la posible malversación de fondos públicos, Infobae ratificó que las fuentes judiciales afirman: «Todas están vinculadas entre sí y funcionan como un holding, con préstamos cruzados. Comparten directivos, contadores y domicilios», respecto de las cooperativas. Raspa, Bordalejo y Scozzari son quienes toman ese contacto y, por su parte, Mendoza hasta el momento no está asociada desde sus movimientos personales
