El próximo jueves a las 13 horas, se reanudarán las conversaciones entre la Unión Tranviaria Argentina (UTA), las cámaras empresariales y el Gobierno en la sede de la secretaría ubicada en Callao al 100. El objetivo principal de este encuentro será encontrar una solución a la paritaria de los choferes de colectivo y así evitar la posibilidad de un nuevo paro al final de la semana.
El conflicto se centra en una discrepancia de $250.000 pesos entre lo reclamado por la UTA y lo ofrecido por las cámaras empresariales. La UTA sostiene que esta cifra fue reconocida y homologada en la última paritaria, mientras que las cámaras argumentan que se trata de un pago no remunerativo por única vez. Esta diferencia ha llevado a la UTA a exigir un piso de negociación de $987.000 para el mes de marzo, mientras que las cámaras se mantienen firmes en $737.000.
Las empresas, por su parte, argumentan que validar el monto solicitado por la UTA sin un aumento de subsidios o un incremento en el precio del boleto resultaría imposible de cumplir, lo que llevaría a ajustes como despidos y reducción de servicios.
Según un informe sectorial, el reclamo salarial de la UTA representaría un costo adicional de $12.500 millones de pesos para los operadores, una cifra insostenible con los ingresos actuales por tarifas y subsidios. Ante esta situación, se plantean cuatro posibles soluciones: aumento de tarifas, incremento de subsidios, moderación en las pretensiones salariales de la UTA o una combinación de estas opciones.
Las negociaciones se encuentran estancadas debido a la falta de voluntad de las partes involucradas. Las empresas aducen dificultades financieras, las cámaras defienden lo que consideran un derecho adquirido y el Estado argumenta falta de recursos.
Este conflicto amenaza con profundizarse, ya que de no alcanzarse un acuerdo en la próxima reunión paritaria, programada para el miércoles a las 13 horas, podrían reiniciarse las medidas de fuerza el viernes 25 de abril. Esto tendría un impacto significativo en el servicio de transporte público, afectando a millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
