La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha confirmado que a partir de la medianoche se llevará a cabo un paro de 24 horas a nivel nacional en los servicios de colectivos de corta y media distancia de todas las empresas. Esta medida de fuerza afectará a los distritos de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui debido al incumplimiento del pago del aumento salarial acordado para estos sectores, según informó el sindicato liderado por Roberto Fernández.
En este contexto, las principales líneas de colectivos de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui se adhieren al paro y retendrán sus servicios. Por lo tanto, empresas locales como El Nuevo Halcón y La Colorada no brindarán transporte de pasajeros.
La UTA no permitirá que los grupos monopólicos ejerzan presión sobre las autoridades nacionales para obtener mayores recursos económicos y utilizar a los trabajadores y usuarios como rehenes de sus demandas sectoriales, declaró el sindicato.
Los dirigentes sindicales exigieron al Gobierno que haga respetar los derechos y aplique el artículo 6 de la resolución conjunta de las Secretarías de Gestión del Transporte y de Articulación Interjurisdiccional para evitar perjuicios a los usuarios. Además, lamentaron el impacto negativo de la protesta llevada a cabo por un pequeño grupo que responde a los intereses de la empresa Dota.
La Unión de Tranviarios Argentinos denunció que este grupo llevó a cabo un paro sorpresivo a partir de las cero horas de hoy para obtener mayores recursos para sus empleadores. El sindicato aclaró que los trabajadores no están realizando una huelga, sino que retienen sus tareas para garantizar el incremento salarial.
Las menciones al sector patronal están relacionadas con el Grupo Dota, que inició un lockout, paralizando varias líneas y dejando a miles de personas sin transporte, quienes se vieron obligadas a buscar alternativas de forma repentina.
Fuentes del Ministerio de Trabajo indicaron que, en caso de que se inicie el paro a nivel nacional, no será posible dictar una nueva conciliación obligatoria, ya que este instrumento ya ha alcanzado su plazo máximo. Las empresas, por su parte, han manifestado que las compensaciones que reciben del Estado, excepto los costos salariales, están calculadas a precios de diciembre pasado, y han exigido el cumplimiento de las obligaciones del Ministerio de Transporte y la legalidad para llevar a cabo mejoras.
La UTA reclama la aplicación de los incrementos salariales dispuestos por una resolución conjunta de los ministerios, la cual no tiene validez jurídica, ya que impone un aumento salarial sin el acuerdo del gremio y las cámaras del sector, añadieron desde el sindicato.
