El presidente Javier Milei propuso cambios profundos en economía, educación y reforma electoral en un proyecto de más de 650 artículos. En una jornada histórica, dio a conocer su proyecto de «Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los Argentinos», popularmente conocida como «Ley Ómnibus», la cual abarca más de 650 artículos distribuidos en 351 páginas y busca implementar transformaciones radicales en diversos ámbitos del país.
Uno de los ejes centrales de esta ley es la reconfiguración del panorama económico. Se plantea la eliminación del control estatal sobre tarifas de combustibles, lo que podría conducir a ajustes considerables en su valor. Similar situación enfrentarían servicios básicos como luz, gas y agua, cuyos precios se liberarían para fomentar inversiones en infraestructura privada.
La apertura a la importación sin impuestos, una moratoria de deudas tributarias y un blanqueo de capitales, junto con la reducción progresiva de alícuotas en Bienes Personales, son otras medidas clave para impulsar el poder adquisitivo y regularizar obligaciones fiscales.
En el sector laboral, se prevé un programa para incentivar el blanqueo de trabajadores, buscando reducir la informalidad. Además, se anuncian privatizaciones de 41 empresas y organismos estatales, entre ellos, YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco de la Nación Argentina, entre otros.
En el ámbito educativo, se permitirá a universidades cobrar aranceles a extranjeros no residentes. Se establecerán evaluaciones externas a instituciones universitarias cada diez años, y se introducirán exámenes al finalizar la secundaria para acreditar el nivel de desempeño de los estudiantes.
La reforma electoral plantea la eliminación de las PASO y la adopción de un sistema de circunscripciones uninominales, inspirado en países anglosajones. Esta modificación reemplazaría el sistema de representación proporcional actual.
Asimismo, la cultura y las protestas no escapan a estos cambios. La ley contempla la desaparición de entidades como el Instituto Nacional del Teatro y la derogación de leyes que fijan precios uniformes de venta de libros. Además, se prevé una modificación en el Código Penal para sancionar con mayor severidad la obstrucción de servicios públicos y se regulan las reuniones y manifestaciones, estableciendo responsabilidades para sus organizadores.
