La tragedia que sacudió a Lanús el pasado miércoles ha dejado al país conmocionado. Morena Domínguez, una niña de apenas 11 años, fue asesinada en un asalto perpetrado por dos motochorros mientras se dirigía al colegio. Este hecho atroz pone de manifiesto una situación que ha estado en aumento desde la asunción del gobierno de turno, evidenciando la ineficacia e inacción en una lucha crecientemente desafiante contra la inseguridad y el narcotráfico en todo el país, lo que marca un sostenimiento de la preocupante involución.
La relación entre la inseguridad, la pobreza y el narcotráfico es innegable. Tres generaciones de jóvenes han sido diezmadas por el flagelo de las drogas, sin que se haya brindado la debida atención a sus necesidades. Los políticos, hasta el momento, parecen inmovilizados ante esta crisis. La criminalidad relacionada con el narcotráfico ha experimentado un preocupante avance en Argentina, transformándose de un mero territorio de tránsito a un productor con expresiones delictivas de gran envergadura.
Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico se han convertido en una amenaza considerable para la seguridad pública y el estado de derecho. Nuestra geografía favorece su posicionamiento como centro global de producción de sustancias ilegales, lo que amplía su poder y alcance. La provincia de Santa Fe, en particular Rosario, ha experimentado una escalada alarmante en muertes relacionadas con el narcotráfico en lo que va del año 2023, con más de 36 víctimas se convirtió en un claro ejemplo de la inseguridad en el país.
Ahora, Santa Fe es acompañada por Buenos Aires para encabezar la lista de las provincias más problemáticas en cuanto a la seguridad y crímenes con muertes inocentes, siendo la droga un factor protagonista en la mayoría de los casos. Es crucial entender que esta problemática no puede ser subestimada o ignorada.
Los órganos de gobierno son los garantes fundamentales para resguardar el interés público, y ante la magnitud del problema, deben tomar medidas concretas. Ya en el año 2019, la Comisión que elaboró el proyecto de Reforma del Código Penal alertó sobre la necesidad de reformas sustanciales en materia de narcotráfico e inseguridad. Sin embargo, parece haber faltado la acción decisiva que corresponde por parte del gobierno oficialista.
Los crímenes violentos, como el que se llevó la vida de Morena, nos confrontan con una realidad que no podemos ignorar. Son tragedias que dejan una marca imborrable en la sociedad, una herida que nos recuerda que nadie está a salvo de la violencia que acecha en nuestras calles. Es un llamado a la acción, para la unión que debe generarse para demandar medidas eficaces que frenen esta ola de inseguridad.
Este trágico caso llevado adelante por los hermanos Madariaga, destruyó una familia y una comunidad. Desde el comienzo, los delincuentes buscaban víctimas para robar estando bajo una mezcla de varios estupefacientes, reflejando también la desesperada situación, tanto por una falta de contención como por la pobreza y la necesidad de continuar con su consumo.
Bajo un clima de intriga por las próximas elecciones, el voto es una herramienta poderosa, una responsabilidad cívica que se debe ejercer con conciencia y compromiso. La elección de nuestros representantes políticos tiene un impacto directo en la gestión de la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la implementación de políticas efectivas para prevenir los crímenes.
Debemos ser exigentes con quienes elegimos para que actúen con determinación en estas cuestiones cruciales para nuestra sociedad. Este es un llamado a la acción urgente. Es hora de enfrentar con determinación la inseguridad y el narcotráfico. La memoria de Morena Domínguez y de todas las víctimas nos exige una respuesta contundente que deberá hacerse valer tras las elecciones de este domingo.
