Dos fiscales pidieron la declaración del exministro de Salud Ginés González García y otros sospechosos de la repartición irregular de las vacunas contra el covid-19 durante la pandemia, lo que se considera una violación de los deberes adquiridos como funcionarios.
Los fiscales que hicieron la solicitud del interrogatorio son: Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez. Ambos se dirigieron a la Jueza María Eugenia Capuchetti, pidiendo la indagatoria de los sospechosos de la malversación del recurso contra el virus covid-19, las vacunas que iban a dirigirse a sectores de riesgo o con patologías de base, fueron desviadas y apropiadas por funcionarios del gobierno.
Hace más de un año, el caso fue reabierto por orden de la Sala I de la Cámara Federal, ya que los jueces consideraron que la situación no se limitaba únicamente a cuestiones éticas, como argumentó en su momento Capuchetti para cerrar la investigación. Los camaristas advirtieron que no se podía descartar que se tratara de una conducta ilícita, que además siempre es antiética.
El «Vacunatorio VIP» está bajo la investigación de la Cámara Federal, que deberá indicar la manera en la que estas personas obtuvieron las dosis de manera preferencial y el personal de salud involucrado que se determinó para la aplicación de la vacuna. Cabe destacar que las personas que son acusadas de haber sido vacunadas con dosis que estaban reservadas para ciertos sectores de la sociedad (que tenían una prioridad por el margen de edad o por patologías previas, no contaban con ninguna característica que les permitiera este beneficio.
Es así que, exfuncionarios, como Eduardo Duhalde y su familia o el periodista Horacio Verbitsky, fueron protagonistas del grupo que se había determinado de manera exclusiva para participar del vacunatorio VIP. Por lo tanto se esperan sus declaraciones junto con las del ex director ejecutivo del Hospital Posadas, Alberto Maceira, la ex jefa de servicios de Medicina Preventiva del Posadas, Maria Elena Borda, de Marcelo Guille (que era secretario de González García) y de Alejandro Costa, el ex subsecretario que transportó las vacunas hasta la casa de Duhalde.
Caratulado como peculado, es un delito grave que tiene una pena de 2 a 10 años de prisión, está dentro de las malversaciones. Además, es importante destacar que este se comete cuando el funcionario sustrae efectos que tienen bajo custodia (las vacunas) y cuando los emplea, lo hace por su propio provecho o de un tercero (vacunados VIP).
Ginés González García “habría dispuesto que personal del hospital Nacional Posadas concurriese a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para inmunizar a diversas personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y/o el esquema de etapas establecidos en la Resolución MSAL 2883/2020 dictada el 29 de diciembre de 2020″.
Después de una serie de medida de prueba, los fiscales redactaron un extenso listado de personas que fueron beneficiadas con la vacuna contra el COVID en un momento en que el acceso a esos medicamentos era prácticamente imposible en el país, y consideraron que era momento de que los imputados den explicaciones ante la justicia.
Para los jueces “el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”.
